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Economía - (ambito.com) Primera observación del FMI: brecha entre IPC y la recaudación
Si bien está en baja, se ubicó en 8% en enero. Para los técnicos del Fondo, debería estar 5 puntos por arriba para tener cuentas fiscales sanas.
Los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) no opinaron (no tienen autorización para hacerlo) sobre la polémica política por la intervención del organismo en el Gobierno de Mauricio Macri y las alteraciones del estatuto durante la anterior gestión. Pero sí ya dejaron una pauta de una de las variables que más les preocupa sobre la consistencia de las cuentas fiscales del país.
La misión que comanda Julie Kozak (directora adjunta para el Hemisferio Occidental y número dos de Alejandro Werner) completó ayer su primer día entero de fiscalizaciones con encuentros en el Ministerio de Hacienda deslizando que uno de los puntos oscuros de las cuentas nacionales es la brecha que existe entre la inflación y la recaudación impositiva. No es una mención novedosa.
En los tiempos del italiano Roberto Cardarelli, era uno de los capítulos donde más debían batallar los funcionarios de Mauricio Macri para convencer a los enviados de Washington sobre la solvencia de los números que se le planteaban. El nuevo equipo que revisa la macroeconomía local que comanda el venezolano Luis Cubeddu volvió ayer a la carga y les aclaró a sus primeros interlocutores locales que esa distancia entre ingresos y alza de precios (y en consecuencia, de los gastos) será una de las variables más importantes para que los datos que se lleven de regreso a la sede central del organismo sean solventes.
Si bien ayer hubo una noticia levemente positiva a partir del anuncio de una inflación de 2,3% en enero de 2020, la relación anual entre el alza de la inflación y la recaudación en el primer mes del año no es auspicioso. Según los datos del INDEC, la comparación interanual alcanzó el 52,9%; mientras que la AFIP había presentado un incremento en los ingresos tributarios de 44,9%. Esto es una brecha de 8 puntos porcentuales cuando, según los criterios del FMI, debería haber una relación de 5 puntos por encima del alza de los precios ante el nivel de debilidad fiscal que muestran las cuentas públicas argentinas. Al menos este era el cálculo con el que los técnicos que comandaba Cardarelli atormentaban a sus interlocutores del ministerio que de Nicolás Dujovne primero y Hernán Lacunza después.
Ante el panorama, será importante el encuentro que probablemente mantengan la semana próxima en la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con Mercedes Marcó del Pont como anfitriona. Por lo que se sabe, el argumento oficial es simple: la inflación está en baja, las cuentas fiscales en vías de ponerse en orden y la recaudación impositiva crecerá al ritmo del incremento del consumo que (siempre según la visión del Gobierno) está mejorando desde la segunda quincena de diciembre del año pasado.
Mientras la misión del FMI continuará por cinco días más de trabajo en Buenos Aires (sólo descansarán el domingo), el Gobierno continúa terminando de diseñar la oferta que se le presentará formalmente al organismo en marzo, para organizar la devolución de los u$s44.000 millones prestados durante el Gobierno de Mauricio Macri. Tal como adelantó este diario, se trata de un superávit fiscal consolidado para 2023, superávit comercial sostenido de entre u$s18.000 y u$s25.000 millones en el mismo período, y, como carta ganadora, una promesa de caballeros: el Gobierno se comprometerá a desarrollar el proyecto petrolero de Vaca Muerta, para que desde 2024 comience a aportar no menos de u$s5.000 millones extras, que serán la garantía final para que el Fondo se convenza de que la propuesta de pago para devolver los u$s44.000 millones, con una luz de tiempo de tres a cuatro años, es creíble.
A cambio, se exige que se libere al país del corset de un acuerdo tipo facilidades extendidas, y acepte un simple plan de pagos con recupero del dinero garantizado. A cambio, no se le deberán exigir al país reformas estructurales, incluyendo ideas de modificaciones a las legislaciones laborales, previsionales, fiscales o en la relación de fondos con las provincias; las que, aunque haya voluntad de concretarlas por parte del oficialismo (que no la hay), serían imposibles de aprobar en la situación política actual.
Fuente: Ambito
Sábado, 15 de febrero de 2020
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